Derecho al cuidado en América Latina: entre el reconocimiento legal y la crisis estructural

Violencia estructural y feminicida

Según La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2023, al menos 3,897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 27 países de América Latina y el Caribe, es decir, 11 mujeres asesinadas cada día por razones de género. Los países con mayores tasas por cada 100 mil mujeres son Honduras, República Dominicana y Brasil.

Además, el CEPAL, asegura que entre el 63 y el 76 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género en su vida.

Explotación laboral y precarización del trabajo de cuidados

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta que más del 50% de los empleos en América Latina son informales, es decir, falta de seguridad social, acceso a la vivienda, bajos salarios y condiciones indignas. Esta condición alcanza el 67% en países como Perú, Ecuador y Paraguay afectando principalmente a mujeres y jóvenes.

El horizonte parece menos alentador porque el trabajo de cuidados remunerados y no remunerados carece de reconocimiento legal y protección laboral, perpetuando la explotación silenciosa que históricamente ha caído sobre las mujeres.

Según el CEPAL, México es el país de la región con el mayor promedio de mujeres dedicadas al trabajo doméstico y cuidados no remunerados, con 43 horas semanales; en contraste, los hombres dedican 17 horas. Este trabajo invisibilizado representa el 26.3% del PIB nacional, en Chiapas alcanza el 67.7% del PIB estatal, según el INEGI.

El 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoció al derecho al cuidado como un derecho humano autónomo consistente. Esta decisión establece que cuidar, ser cuidado y autocuidarse son derechos fundamentales que deben ser garantizados por los Estados desde una perspectiva de corresponsabilidad, social, familiar y comunitaria.

Es el segundo proceso consultivo que más aportes motiva con 129 contribuciones, de las que destaca la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), sin embargo, en América Latina, el derecho al cuidado no solo está lejos de ser garantizado: está en crisis; la desigualdad invisibiliza, precariza e instrumentaliza el cuidado, para muestra, las siguientes cifras.

Crimen organizado y de cuello blanco

América Latina concentra el 29% de los homicidios mundiales, la mitad de esos homicidios están relacionados al crimen organizado, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las ciudades que más destacan Guayaquil, Ecuador con 742 homicidios en tres meses, y Tijuana, México, registra 596 asesinatos hasta junio de 2025, consecuencia de la ola de violencia que vive la frontera con Estados Unidos y una guerra (fallida) contra el narco que se arrastra desde 2006.

El panorama se complejiza cuando en México más de 5 millones de personas fueron víctimas de fraude en 2022, con pérdidas superiores a 40 mil millones de pesos, según cifras del INEGI.

La violencia cobra un carácter estructural y cotidiano cuando hablamos de fraudes en el aparato estatal como el Caso Odebrecht, que implicó a políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países; la Estafa Maestra que expuso, en 2017, un sistemas de 128 empresas fantasmas a través de las cuales el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares.

La justicia inaccesible

América Latina tiene 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el Latinobarómetro, en América Latina, más de 76% de la población teme ser víctima de un delito.

Cifras del INEGI exponen que en 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, sólo el 10.4 % se denunciaron, el Ministerio Público abrió carpeta de investigación en 68% de estas denuncias, es decir, 92% de estos de clitos no se investigan, lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra; del total de denuncias, en 47.9 % no pasó nada o no se resolvió la denuncia y el 27.6 % resultó en trámite, esto se traduce que que sólo el 1.2 % de los delitos tuvieron resolución positiva.

¿Y ahora qué?

Para que La Opinión consultiva No. 31 tenga efectividad en garantizar el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo consistente, se requiere:

Políticas públicas integrales que reconozcan el trabajo de cuidado como parte esencial del desarrollo humano, a nivel de salud pública, garantías laborales, reestructuraciones legislativas y políticas, reformas judiciales y fiscales que disminuyan la impunidad y reduzcan el acceso a la justicia, redistribuyan responsabilidades entre Estado, mercado, comunidad y familia.

En Andar Comunidad, celebramos este gran paso a nivel institucional y regional, pero también convocamos de manera urgente a reconocer nuestras responsabilidades y realizar acciones colectivas e individuales para cuidar, ser cuidado y autocuidado; por que el cuidado no debería ser un privilegio ni una carga silenciosa en complicidad con los roles de género, clasismo y racismo, ¿cómo te gustaría participar en esta causa?